La propuesta del Ministerio de Hacienda de implementar una retención en los pagos digitales en Colombia, específicamente en una retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos hechos a través de Bre-B y billeteras digitales, ha generado un intenso debate que va más allá de lo meramente fiscal.
Aunque el propósito es equilibrar el tratamiento tributario entre los pagos electrónicos y los realizados con tarjeta, esta medida representa un desafío tecnológico sin precedentes para las plataformas, las fintech y los comercios del país, particularmente para los pequeños y medianos.
De implementarse la medida, las empresas afrontarán el desafío de adaptar sus sistemas rápidamente para hacer el cálculo, el descuento y el reporte automático de esta retención. Esto va más allá del mero cumplimiento legal; exige que se haga sin perturbar la experiencia del usuario y garantizando la trazabilidad, seguridad y precisión de cada transacción.
El foco del debate no se centra solo en el impacto económico, sino en la capacidad tecnológica del ecosistema financiero colombiano para acatar una normativa que demanda procesos automatizados, interoperables y plenamente fiables.
El Ministerio de Hacienda ha propuesto un borrador de decreto que plantea una retención del 1,5% para los pagos hechos con Bre-B, billeteras digitales y otros sistemas electrónicos, con el que busca equilibrar el sistema tributario. Actualmente, los pagos con tarjeta ya tienen este cobro, por lo que la medida busca eliminar las posibles distorsiones entre diferentes métodos de pago.
No obstante, expertos y asociaciones del sector fintech han expresado preocupación, argumentando que esta retención podría elevar el costo de las transacciones digitales y, consecuentemente, desincentivar su uso. El impacto sería mayor en pequeños comercios y usuarios apenas están en proceso de adoptar los pagos electrónicos para sustituir el efectivo.
Óscar Manco López, PhD en Ciencias Económicas, considera que esta política podría significar «un retroceso en la lucha por la inclusión financiera, justo cuando Colombia había logrado avances significativos en el uso del dinero digital».
Manco señala que el éxito de iniciativas internacionales como Pix en Brasil o Zelle en Estados Unidos, demuestran que la digitalización de los pagos no solo optimiza la eficiencia del sistema, sino que también contribuye a reducir la informalidad y el uso de efectivo. Estos logros podrían verse comprometidos por la nueva retención de los pagos digitales en Colombia.
Finalmente, el experto concluye que «esta medida afectaría a todos los segmentos sociales que han visto en Bre-B y las billeteras digitales una oportunidad para vincularse al sistema financiero. Penalizar las transacciones electrónicas es desincentivar la innovación y la inclusión».
Lanzado hace poco más de un año, Bre-B se ha consolidado como un sistema de pagos instantáneos clave para la democratización de servicios financieros en Colombia. Este se ha inspirado en modelos internacionales exitosos, con el principal objetivo de fortalecer la bancarización, reducir la dependencia del efectivo y simplificar las transferencias entre usuarios y comercios.
A la fecha, la plataforma ha logrado una adopción masiva, con más de 10 millones de colombianos realizando operaciones. Se estima que más del 60% de los nuevos usuarios digitales del país se han integrado a través de billeteras electrónicas de esta red.
Sin embargo, la reciente imposición de una retención fiscal amenaza con frenar este impulso de crecimiento. Esta medida introduce una carga fiscal y operativa adicional que afecta particularmente a los pequeños comerciantes, quienes habían encontrado en Bre-B una alternativa eficiente y de bajo costo para recibir pagos.
Pero el desafío no se limita solo al cobro del impuesto, sino que se extiende a la capacidad técnica de las plataformas y los comercios para cumplir con las nuevas obligaciones que la retención implica.
Más allá de lo fiscal, el mayor impacto será tecnológico, según Lucas Souza, director de innovación en Kuvasz Solutions, que explica «para aplicar una retención del 1,5% de forma automática, las plataformas necesitarían integrar módulos de conciliación que aseguren precisión en tiempo real, APIs seguras que permitan el intercambio inmediato de información con bancos y la DIAN, y sistemas de automatización inteligente que garanticen la trazabilidad completa de cada operación».
Esto se traduce en un cambio profundo de la arquitectura digital de muchas fintech y comercios, especialmente los que no tienen la infraestructura que se necesita para cumplir con estas exigencias fiscales.
«Las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas. Muchas no disponen de sistemas de gestión automatizados ni del personal técnico para implementar estos cambios. Es fundamental que el Gobierno considere programas de apoyo tecnológico antes de poner en marcha la medida», añade Souza.
Además de esto, la adaptación requeriría de procesos de actualización de software, certificación de seguridad y pruebas de interoperabilidad. Esto puede aumentar los costos de operación para muchos de los actores del sistema.
La implementación efectiva de esta retención exige que todas las transacciones digitales pasen por plataformas de conciliación automática, que sean capaces de determinar el tipo de operación, calcular la retención correspondiente e informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sin que haya intervención manual.
Para lograr esto, las plataformas deben estar interconectadas a través de APIs (Application Programming Interfaces) con bancos, fintechs, comercios y las autoridades fiscales, con la garantía de tener un flujo de datos continuo, cifrado y verificable.
En el contexto colombiano, que tiene más de 50 entidades financieras y 200 fintech activas, el principal obstáculo será la interoperabilidad. La ausencia de estándares comunes podría provocar errores en la aplicación del impuesto, retrasos en la presentación de informes o incluso la duplicidad de la retención, lo que perjudicaría directamente a los usuarios finales.
Souza sugiere que el Banco de la República y la DIAN asuman el liderazgo en la creación de un marco técnico de interoperabilidad para facilitar la transición. Para ello, se propone seguir modelos exitosos en eficiencia y transparencia, como el implementado en Brasil (BACEN + Pix).
Esta medida no solo tiene un impacto a nivel técnico, sino que conlleva un efecto psicológico significativo. Si los usuarios perciben que los pagos digitales se vuelven más caros, es probable que regresen al uso de efectivo, lo que podría frenar los avances logrados en la digitalización financiera que se ha conseguido en el país.
Para las fintech y los bancos digitales, que han realizado grandes inversiones para impulsar la adopción de sus billeteras y aplicaciones de pago, podrían notar una reducción en las transacciones y un estancamiento o menor crecimiento en la base de usuarios activos.
Los comercios, por su parte, se verán obligados a recalcular sus márgenes de ganancia, teniendo en cuenta tanto el porcentaje de retención como las posibles actualizaciones tecnológicas que se requieran para su implementación.
Especialmente para microempresas y comercios informales que se han digitalizado recientemente, incluso una retención del 1,5% puede ser crítica, representando la diferencia entre mantener la rentabilidad de su negocio o verse forzados a volver a operar solo con efectivo.
El éxito de esta medida, según coinciden los expertos, depende en gran medida de su implementación. Si está acompañada de herramientas tecnológicas accesibles y políticas de apoyo para los pequeños comercios, esta iniciativa tiene el potencial de ser una vía para modernizar la infraestructura financiera nacional.
Para garantizar una implementación efectiva, se sugieren las siguientes acciones:
El panorama es complejo: en un contexto en que Colombia es líder en Latinoamérica en el crecimiento del ecosistema fintech y la adopción de pagos instantáneos, cualquier medida fiscal que se quiera implementar debe considerar la viabilidad tecnológica y ser socialmente inclusiva.
La propuesta de retención de los pagos digitales en Colombia tiene un doble filo: podría, paradójicamente, acelerar la innovación siempre y cuando impulse a las plataformas a mejorar su infraestructura. De lo contrario, podría ralentizar el progreso si no se complementa con un plan tecnológico sólido.
Souza concluye, «Bre-B y las billeteras digitales deben ser vistas como herramientas para la inclusión, no como fuentes de recaudación. La regulación tiene que caminar al mismo ritmo que la innovación, no detrás de ella».
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