El presidente Gustavo Petro ha promulgado la Ley de reconexión en Colombia (Ley 2379 de 2024), una nueva normativa que pone límites en los cobros por la reconexión de servicios de telecomunicaciones. Esta medida impactará positivamente a millones de colombianos que tienen contratados servicios de internet, telefonía o televisión por suscripción.
Esta norma modifica la Ley 142 de 1994, estableciendo que las empresas prestadoras de estos servicios sólo podrán aplicar el cobro de un monto equivalente a la décima parte de la tarifa diaria del plan por cada día de retraso en el pago de la factura. Este cobro se aplicará hasta la fecha en que el usuario realice el pago pendiente y solicite la reconexión del servicio.
La nueva legislación cambia drásticamente el costo de la reconexión de servicios de telecomunicaciones, pasando de una tarifa fija a un cálculo proporcional.
Hasta ahora, las empresas de telecomunicaciones cobraban un monto fijo por la reconexión del servicio (a menudo superior a 20.000 o 30.000 pesos), independientemente del tiempo de mora que tuviera el usuario. Este costo, que frecuentemente es percibido como excesivo, generaba quejas y afectaba principalmente a los usuarios con menores recursos.
Con el nuevo esquema de cálculo, el costo máximo de reconexión se calculará tomando la décima parte de la tarifa diaria del servicio y multiplicándola por el número de días de retraso en el pago.
Para entenderlo mejor veamos este ejemplo práctico:
Si un plan mensual de internet y telefonía cuesta 90.000 pesos, el costo diario del servicio es de 3.000 pesos (90.000 / 30 días).
La décima parte de esta tarifa diaria es de 300 pesos. Por lo tanto, si un usuario se retrasa cinco días, el cargo máximo por reconexión será de 1.500 pesos ($300 x 5 días).
Esta modificación representa un alivio económico significativo para los usuarios, ya que sustituye los altos costos fijos, que en la mayoría de los casos supera los 20.000 o 30.000 pesos, por una tarifa mucho más justa y acorde al tiempo de mora.
La nueva Ley de reconexión para Colombia, promovida por el Congreso de la República, busca asegurar un cobro más justo y equitativo para los servicios de comunicaciones, protegiendo así a los consumidores. De acuerdo con los ponentes de la norma, su principal objetivo es eliminar las barreras económicas que limitan el acceso continuo de los ciudadanos a servicios considerados esenciales para el trabajo, la educación y el entretenimiento.
La regulación abarca la totalidad de los servicios de comunicaciones, incluyendo internet (fijo y móvil), telefonía (fija y móvil) y televisión por suscripción. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) será la entidad responsable de vigilar que los operadores cumplan con esta nueva disposición.
Durante el proceso legislativo, los operadores de telecomunicaciones expresaron preocupaciones. Sus observaciones se centraron en el riesgo de que la medida fomentará la cultura del no pago y en los costos fijos que ahora deberán asumir, los cuales, según ellos, no se contemplan íntegramente en los cálculos de la norma.
Imagen: GPT-5
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